El pasado 11 de octubre, se llevó a cabo una importante reunión de la Comisión de Seguridad Pública, cuyo objetivo fue continuar el debate sobre las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

En este relevante encuentro, se escucharon las exposiciones de destacados expertos en el tema. Uno de ellos fue Francisco Ljubetic, Vicedecano y Director de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, quien compartió su visión sobre la problemática de las usurpaciones. También participaron Javier Wilenmann, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Yasna Navarrete, emprendedora forestal de la zona Arauco – Malleco y representante de las víctimas de La Araucanía.

Durante la comisión, se llevó a cabo un diálogo constructivo entre los expositores, los Ministros de Estado presentes y los integrantes de la Comisión, liderada por el Senador Felipe Kast.

El Vicedecano Ljubetic expresó su preocupación por la cantidad de casos de usurpación reportados en la región del Biobío y La Araucanía, señalando: «Si uno hace un simple análisis, en el caso de la Región del Biobío, 250 usurpaciones en este año; en el caso de La Araucanía 215, en verdad no son datos menores y que llaman a una revisión y análisis más allá del número, porque aquí lo importante es lo que está detrás del número y la complejidad de los casos que incorporan».

El proyecto de Ley de Usurpaciones, que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, ha sido despachado por el Congreso para su promulgación por parte del Ejecutivo. Sin embargo, se han identificado diversas falencias en el proyecto que no fueron solucionadas durante su discusión, lo cual llevó al Presidente de la República a hacer uso del veto presidencial para subsanarlas.

En la actualidad, el veto presidencial está siendo discutido en la Cámara de Diputados, donde se espera que los representantes de la ciudadanía aprueben estas modificaciones al proyecto de ley. Estas enmiendas son consideradas de vital importancia, ya que buscan resguardar la seguridad y los derechos humanos de las personas afectadas por los delitos de usurpación.

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