Expertos afirman la necesidad de conocer las nuevas sanciones para evitar incurrir en faltas.

En la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, se llevó a cabo un seminario sobre la Ley 21.595 que establece los delitos económicos y medio ambientales y sus actualizaciones, donde entre otras cosas, amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta ampliación empezará a regir desde el primero de septiembre próximo en adelante, donde se verá afectada no sólo la responsabilidad penal de la empresa, sino que quedaran afectos a esta responsabilidad sus ejecutivos y colaboradores que cometan delitos.

El profesor asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma, Robert Morrison, resaltó que esta modificación es la más grande en materia de legislación penal en los últimos 150 en materia de delitos económicos y medio ambientales “aumentando considerablemente el número de delitos que generan responsabilidad penal a las personas jurídicas, a los ejecutivos, y a las personas que los comenten de manera directa, y para evitarlo será necesario aplicar el modelo de prevención del delito de manera efectiva, clara y viva, transformándose en un tema de cultura empresarial ya que tiene que ser un modelo vivo y no un modelo de check list para dejarlo archivado, sino que todos tienen que ser partícipes”.

El Ingeniero Comercial, Auditor interno de Empresas Torre, Roberto Silva, explicó como a través de esta actualización de la Ley de Delito Económico reflota el concepto Compliance o cumplimiento normativo, que se encarga de asegurar que dentro de una empresa se desarrollen actividades de acuerdo a la Ley, con el objetivo de garantizar que la entidad cumpla las normas “se debe identificar cuáles son los riesgos a través de un modelo de prevención del delito para evitar posibles daños que darían lugar a altas sanciones”.

Javiera Saavedra, abogado integrante del Centro de Arbitraje Nacional de Mediación y Compliance expuso otra arista de las actualizaciones de la Ley de Delito Económico, como son los delitos medio ambientales que anteriormente sancionaba sólo a las empresas que no cumplían con sus proyectos y actividades conforme a la normativa ambiental “ahora esto cambia, ya que tanto una empresa, como  las personas que ahí trabajan, tendrán responsabilidad penal si incurren en algún tipo de delito ambiental, eso en términos simples es que un gerente, director o trabajador que no cuenta con un modelo de prevención contra delitos ambientales, perfectamente podría enfrentar sanciones propias del derecho penal como ir a prisión, reclusión nocturna, arresto domiciliario u otras”.

Compartir en