Rectores de La Araucanía realizan urgente llamado al diálogo en la región
En conferencia de prensa los rectores de las 7 universidades presentes en La Araucanía, dieron a conocer un documento consensuado que llama al país a un urgente diálogo como política de Estado para resolver la preocupante situación que vive el territorio.
Durante la presentación del texto compuesto por 4 páginas, las casas de estudios plantean la imperiosa necesidad de «hacernos cargo de los problemas
estructurales e históricos, para lograr una transformación genuina de la situación actual».
Según explicó el Vicerrector de Sede, Dr. Emilio Guerra Bugueño, «el conflicto en La Araucanía y toda la macrozona sur es un tema complejo porque es un conflicto que no es nuevo, es histórico, tiene muchos actores. Pero desde las universidades tenemos una obligación ética, de hacernos cargo de las situaciones problemáticas que se puedan vivir en la sociedad donde nuestra universidad se desarrolla y de esta forma proponer soluciones o espacios que nos permita llegar a un mejor acuerdo.
Lo que podemos esperar con este llamado al dialogo mediante una metodología que se ha probado en otras partes del mundo -que es la que emplea el Centro Nasen para el dialogo y la paz- podamos avanzar a la construcción de una sociedad más justa para todos. Este es el llamado que hacemos no solo a la fundación Nansen, sino a todos los actores regionales. La idea es que -a través de esta metodología- que tiene una serie de pasos, promovamos una mayor escucha, dialogar más, establecer sinceridad en los diálogos, porque conociendo al otro puedo acercarme y tener mayor empatía con ellos».
El centro internacional, respondió con fecha de 27 de julio a la solicitud de los rectores, señalando a través de una carta firmada por Alfredo Zamudio, director de la misión en Chile, que sus «esfuerzos para este proceso de diálogo buscarán ser participativos y culturalmente pertinentes, lo que requerirá del apoyo de todas las personas, comunidades e instituciones de la región y del país. Realizaremos una visita a la región lo antes posible, dependiendo de las condiciones sanitarias, para dar inicio a una ronda exploratoria de conversaciones. Después de esa primera visita a la región, podremos informar sobre los próximos pasos».
LOS EJES PROPUESTOS
El documento firmado por la Universidad Católica de Temuco, a través del rector Aliro Bórquez; el rector de la Universidad de La Frontera, Eduaro Hebel; la rectora de la Universidad Santo Tomás, Rosemarie Junge; el rector de la Universidad Autónoma de Chile, Teodoro Ribera; el director de Campus Villarrica de la Pontificia de la Universidad Católica, Gonzalo Valdivieso; el vicerrector de Universidad Autónoma en Temuco, Emilio Guerra; el vicerrector regional de la Universidad Mayor, Gonzalo Verdugo; el director de la sede Victoria de la Universidad Arturo Prat, Juan Pablo López y el obispo de Temuco, gran canciller de la Universidad Católica de Temuco, Héctor Vargas, aborda 4 ejes centrales:
1. El reconocimiento de los pueblos originarios a nivel global
Desde inicios del siglo XX, el derecho internacional y la política de los Estados, generaron una inflexión en cómo se comprendieron las anexiones de territorios, por parte de imperios y nuevos estados en formación, y la subordinación legitimada de grupos, colectivos y pueblos. El surgimiento de los nuevos estados, producto de las grandes guerras mundiales y de los procesos de descolonización, armaron nuevos nexos entre lo geopolítico y los derechos colectivos.
Han ocurrido significativos avances sobre el respeto universal por la identidad nacional y una progresiva valorización de la diversidad cultural como aporte de todos los pueblos originarios y sociedades tradicionales. A través de diferentes mecanismos como la OIT, UNESCO, entre otras, se ha consensuado que se deben respetar los derechos humanos de todos los pueblos, lo que implica asumir sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
Más allá de los múltiples argumentos e interpretaciones históricas, la forma en que el Estado de Chile entró en relación con los pueblos originarios, afectó severamente su derecho a la vida, sus territorios, identidad y estilo de vida. La situación que afecta a los territorios y sus habitantes, es tanto fruto de errores y omisiones del pasado, como de la falta de reconocimiento de las realidades y consecuencias de la sociedad fragmentada que hoy Chile sigue viviendo.
Las soluciones para los problemas actuales y del futuro, requieren de la amplia e inclusiva participación de todos y todas en La Araucanía y el país, en un diálogo sin exclusiones, para responder plenamente a las necesidades y derechos de la diversidad de su gente. Las situaciones de conflicto que afectan la convivencia en los territorios de La Araucanía responden a problemas estructurales que necesitan respuestas políticas. Se requiere con urgencia un nuevo trato, con respeto mutuo tanto del Estado de Derecho como del estatuto consuetudinario de las naciones y pueblos. Se necesita respeto y reconocimiento hacia las autoridades ancestrales y territoriales.
Hasta el momento, a pesar de los diferentes esfuerzos gubernamentales de las últimas cuatro décadas, no se han logrado los resultados esperados. Como ejemplo, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) del año 1990, pasando por el Proceso Constituyente Indígena (2016), hasta la propuesta de Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía (2018). El Estado chileno no ha sido capaz de asumir las diversas deudas históricas con los pueblos originarios, existiendo demasiadas promesas incumplidas.
Las confrontaciones como medio de resolución de conflicto aumentan nuestras diferencias y dificultan la llegada de respuestas sostenibles y justas para los habitantes de estos territorios. Se necesitan soluciones constructivas y pacíficas, abordando todos los componentes necesarios para una nueva forma de convivencia.
Reconocemos que la búsqueda de soluciones es un proceso, y desarrollarlo a través del diálogo puede reconstruir las confianzas rotas y construir aquellas inexistentes. Estamos conscientes que el camino puede ser dificultoso y necesita el compromiso de muchas personas e instituciones. Aún así, creemos que para construir un nuevo pacto y resolver las principales tensiones, quiebres y resquemores, se necesita avanzar en un genuino diálogo intercultural. Creemos que el proceso de la Convención Constitucional en marcha, es una oportunidad para incorporar en la nueva Carta Magna contenidos como el reconocimiento constitucional y dar empuje a una sociedad multicultural. Ha llegado el momento de que Chile tenga las conversaciones necesarias con sus múltiples pueblos. Se requiere abrir los canales de participación para revertir la segregación política desde la institucionalidad. La participación de todas y todos es necesaria para prevenir situaciones de violencia.
En palabras del poeta mapuche, reciente Premio Nacional de Literatura y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía, Elicura Chihuailaf “Chile aún no asume su identidad, su hermosa morenidad que le ha sido legada por sus pueblos nativos”. Hay que reconocer la auténtica interculturalidad de los habitantes de la zona y del país.
Tenemos que dar espacio a la memoria, transformar las situaciones de hoy y construir en común un futuro compartido. No podemos pensar que los proyectos políticos o la sola fuerza de la ley serán suficientes para llegar a acuerdos sólidos y permanentes. La paz duradera sólo puede lograrse cuando actuamos en pos de la justicia a través del diálogo.
Se necesitan puntos de encuentro y generar confianza, para encontrar soluciones y convivencia sustentable en los territorios. Estamos convencidos que un proceso de diálogo puede ser transformador, y en un clima de respeto y humildad, se puedan expresar libremente las distintas posiciones, intereses y necesidades de las personas.
El Estado de Chile tiene responsabilidad en el origen y la evolución de esta crisis. Es por esto que hacemos un llamado a las autoridades de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a sumarse en forma activa en este proceso. De igual modo, creemos en el rol que puedan asumir nuevos gobernadores regionales, así como las y los Convencionales Constituyentes, siendo un paso importante para articular la no violencia, el diálogo y la justicia.
Hacemos el mismo llamado al pueblo Mapuche, a sus autoridades políticas, espirituales, territoriales, nacionales, a las y los constituyentes Mapuche y de la zona. Así como también, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y comunitarias, a los sectores empresariales, sindicales, gremiales, a las comunidades universitarias, estudiantiles y a la ciudadanía de Chile en su conjunto a ponerse a disposición para la búsqueda de transformaciones pacíficas de los problemas que afectan a estos territorios.
Para iniciar a la brevedad este proceso de diálogo, y que cumpla con estándares apropiados de transparencia, inclusión, imparcialidad y experiencia, sugerimos que el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega, convoque, en forma independiente y neutral, a los distintos actores de la zona, para la construcción de una hoja de ruta que pueda contener todos los temas que sean determinados de acuerdo al desarrollo gradual del proceso.
El proceso constituyente ha demostrado que nuestro país desea cambios profundos y este llamado al diálogo es un paso que debemos dar con urgencia. Tenemos la esperanza que los cambios necesarios son posibles de realizar. Les invitamos a sumarse y a contribuir a esta tarea que depende
de todos y todas.