El cambio climático afecta a todas las personas y también a los ecosistemas de los que dependemos, como la economía. Ya está comenzando a evidenciar señales de alerta, que han impulsado a la comunidad internacional a asumir el compromiso de potenciar la inversión sostenible.
Para la Dra. Andrea Lucas, académica del Instituto de Investigación en Derecho (IID) de la Universidad Autónoma de Chile, “las inversiones y el cambio climático son dos áreas que a simple vista parecen independientes pero que requieren de sinergias y estrategias jurídicas que las integren”.
Los esfuerzos internacionales, materializados en tratados, conferencias, declaraciones, protocolos y programas, al parecer no han tenido los resultados esperados.
Explica que es necesario que los Estados actúen en todos los ámbitos posibles, pero las medidas regulatorias “pueden generar conflictos con el régimen de inversiones extranjeras si prohíben actividades, imponen límites a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o requieren mejoras tecnológicas en ciertos sectores”. A ello suma una posible desigualdad en el trato entre operadores nacionales y extranjeros frente a estas medidas regulatorias.
Qué hacer entonces
A su juicio, “el cambio climático es un ‘problema retorcido’ o wicked problem. Su complejidad no permite que una sola disciplina científica o una sola área del Derecho pueda abordarlo completamente. Es necesario, por tanto, un enfoque interdisciplinario y una cooperación internacional para enfrentar este desafío.
En lo jurídico y normativo, algunas medidas que los Estados pueden implementar para integrar el cambio climático a las inversiones son “la incorporación de disposiciones ambientales con expresa mención al cambio climático en los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) ya suscritos, tanto sean Bilaterales (BITs) como Tratados de Libre Comercio (TLC). Chile es uno de los países con más Tratados de Libre Comercio firmados”.
Además, la “implementación voluntaria de estándares medioambientales con expresa mención al cambio climático y la implementación de incentivos de mercado, como los mercados de carbono, invitando expresamente a los Inversores extranjeros a ser parte”.
Políticas públicas
La directora del Instituto de Investigación en Derecho asegura que “en la medida que el cambio climático se integra en las políticas públicas, aumenta la posibilidad de que Chile esté preparado para enfrentar este fenómeno global con efectos nacionales y locales”.
Las universidades juegan aquí un papel clave en “propiciar investigaciones que aporten a temas relevantes para el futuro de la humanidad, como el cambio climático. Además, la educación en estas temáticas es fundamental para la discusión pública y la educación para la sustentabilidad».
El cambio climático es precisamente una de las líneas de investigación del Instituto, y en el Grupo de Investigación de Derecho Internacional Regulatorio (GIDIR) integrado por cinco investigadores que realizan publicaciones académicas, columnas en medios de comunicación, guías de tesis de pregrado y proyectos de investigación con financiamiento interno y externo.